El castillo de Manzanares El Real vuelve a sus dueños, la familia Arteaga, duques del Infantado


El castillo de Manzanares El Real, un monumento del siglo XV símbolo de Madrid por albergar en 1983 la firma del Estatuto de Autonomía, pertenece desde esta semana a su anterior propietaria, la escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar, duquesa del Infantado, que deberá cerrar las instalaciones al público por no disponer de licencia al vencer el contrato de arrendamiento que desde décadas mantenía con la Comunidad de Madrid







La duquesa ha recuperado la propiedad del inmueble, que fue levantado en 1475 a instancias del primer duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza y Figeroa, y construido por el arquitecto de los Reyes Católicos Juan Guas.

El deseo de la duquesa era mantenerlo abierto al público por su reclamo turístico y el impacto económico que tiene en la localidad madrileña (9.0000 habitantes), pero al vencer el contrato de gestión y uso público que mantenía la Comunidad de Madrid este 5 de enero, el castillo cierra sus puertas.

Este cierre viene motivado por la imposibilidad de conceder a los propietarios los permisos para su apertura a los visitantes, según han trasladado a EFE fuentes cercanas a las negociaciones entre la familia Arteaga, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares.

La gestión cultural y turística del monumento símbolo de la región, que albergó la firma del Estatuto de Autonomía en 1983, vuelve a manos de la XX duquesa del Infantado, igual que sucedió recientemente con el parque infantil situado al lado del castillo, después concluir la cesión que su abuelo Íñigo de Arteaga y Falguera, capitán general de la II Región Militar, hizo en 1975 al Ayuntamiento de Manzanares, tras no alcanzar un acuerdo con el Consistorio para el alquiler o compra de la finca de casi 3.000 metros cuadrados.

Desde 1965, el Estado primero y después el Gobierno regional de Madrid han gestionado el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con inversiones destinadas a obras de reconstrucción, conservación, mantenimiento y apertura pública de la fortaleza-palacio.

En las negociaciones previas a la devolución del castillo a sus dueños, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares trasladaron a la familia que la calificación como rústico del terreno en el que se ubica el monumento impide la concesión de permisos para su apertura al público, algo que los propietarios consideran que se podría haber valorado durante las seis décadas de gestión pública.

Según el abogado de la familia, Miguel Temboury, esta cuestión podría revertirse si existe voluntad política, por lo que ha reclamado a la Comunidad y al Ayuntamiento que encuentren "una solución urgente a este problema y permitan que el castillo siga siendo un espacio de encuentro y disfrute para todos".

"Existen vías legales que permiten una rápida reapertura del castillo. Es cuestión de voluntad de las administraciones implicadas (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Manzanares el Real) el que puedan hacerse efectivas", subraya el abogado.

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