Se trata de una práctica habitual ejercida en los últimos años por el Gobierno castellano-manchego en la transferencia de estos fondos -de algo más de 360 millones de euros- a los productores agroalimentarios, coincidiendo con la apertura de los plazos de pago.
En concreto, según el Ministerio de Agricultura, los anticipos del pago de la campaña se pueden pagar hasta el 30 de noviembre y su importe máximo puede ascender hasta el 70% de la cuantía de la ayuda, unos 600 millones de euros en el caso de la región castellano-manchega.
El otro 30% puede pagarse desde el 1 de diciembre y hasta el 30 de junio del siguiente año, en este caso de 2024.
Las ayudas de este año, con la primera campaña en la que se aplica el Plan Estratégico Nacional de 2023-2027, están más vinculadas a los llamados eco regímenes a través de la ayuda básica, que se sumará a otras específicas para jóvenes agricultores (incluida a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha), un incremento para las incorporaciones de mujeres, todas las ayudas acopladas de los sectores agrícola y ganadero y las del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2023-2027 que tienen base superficial, como las agroambientales y la producción ecológica.
Las administraciones han venido destacando la importancia de los ingresos de la PAC para agricultores y ganaderos, ya que les otorga liquidez y dota de estabilidad a la actividad agraria, sobre todo, en escenarios tan complicados como los actuales, con campañas de cultivos lastradas por la sequía.
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